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Regaño oficial a El Diario de Ciudad Juárez

September 21, 2010

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Martes 21 de septiembre de 2010, p. 5

El vocero del gobierno federal en materia de seguridad, Alejandro Poiré, rechazó ayer la posibilidad de que “algún actor pueda pactar, promover una tregua o negociar” con el crimen organizado. Ésa fue la respuesta del funcionario federal al editorial del rotativo El Diario, de Ciudad Juárez, el cual, luego de la muerte de uno de sus fotógrafos y de que otro más resultó herido, solicitó a los delincuentes “una tregua” y les preguntó “¿qué quieren?” para terminar con la violencia en contra de los periodistas de esa casa editorial.

En breve conferencia de prensa, realizada en la residencia oficial de Los Pinos, Poiré negó que el asesinato del reportero gráfico del periódico juarense Luis Carlos Santiago Orozco y las heridas que sufrió su compañero Carlos Manuel Sánchez Colunga estén relacionadas con su actividad profesional, y secundó la postura asumida por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua en el sentido de que la agresión fue por “motivos personales” y no un atentado a la libertad de expresión.

“La Procuraduría de Justicia de Chihuahua habla de que hay algún motivo personal y no profesional en los hechos”, dijo, sin querer abundar al respecto y limitándose a señalar que la Procuraduría General de la República (PGR) únicamente coadyuva con las autoridades locales en la indagatoria.

Poiré retomó las versiones de que se trata de “un delito del orden común”, y que hasta el momento no hay indicios específicos “que sugieran eventualmente una participación por motivos de libertad de expresión”.

En respuesta al editorial del citado periódico fronterizo, donde se afirma que el crimen organizado impone su ley en Ciudad Juárez, señaló que “la única autoridad que debe reconocerse es la legítimamente constituida por emanar de la ley y de los procesos electorales”.

Respecto de la tregua que solicitó El Diario al crimen, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional señaló que “negociar, postergar o suspender la lucha contra el crimen organizado, lejos de desaparecer la amenaza de la violencia, implicaría someterse a la ley de quienes agreden para intentar disuadir la acción del Estado mexicano y perpetuar su acción impune; eso no ocurrirá”.

Interrogado sobre los señalamientos de que en Ciudad Juárez no hay condiciones para que se ejerza la libertad de expresión, y de que la PGR tampoco atendió la información que se le pretendía proporcionar para investigar el asesinato de Santiago Orozco y la forma en que fue herido Carlos Manuel Sánchez Colunga, el funcionario federal dijo:

“Como ya hemos dicho, en principio la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua subraya que éste es un delito del orden común; son ellos quienes encabezan las investigaciones y, como lo hemos dicho también, desde el primer momento la PGR, a través de su delegado en la entidad, se puso en contacto con las autoridades estatales para poder coadyuvar en la propia investigación.

“Aquí hay que subrayar algo. Es una labor desde luego primigenia de la autoridad el combatir el delito, el hacer frente a las organizaciones criminales, el poner a los delincuentes detrás (sic) o a disposición de la justicia; así ha venido sucediendo en el estado de Chihuahua, a pesar de que se mantienen altos niveles de violencia…

“Pero no cabe de modo alguno, por parte de ningún actor, el pactar, promover una tregua o negociar con los criminales que son justamente los que provocan la angustia de la población, quienes generan los secuestros, los que extorsionan, asesinan, los que envenenan a la población, quienes han generado ese clima de inseguridad que hoy padece lamentablemente Ciudad Juárez, y sobre el cual es el compromiso del gobierno federal y lo debe ser de todos los actores de la sociedad: combatirlos y abatirlos de forma definitiva.”

Antes Poiré había declarado que el gobierno federal rechaza y condena categóricamente cualquier acto de violencia, en particular los cometidos contra los trabajadores de los medios de comunicación. “La libertad de expresión es una garantía indispensable en la vida de las democracias y cualquier agresión criminal en contra de los medios de información debe combatirse como una afrenta a la sociedad entera y a nuestra democracia. México necesita de la participación de los medios para alcanzar mejores resultados en la lucha por la seguridad pública y evitar las amenazas a la libertad de expresión.”

El funcionario federal reconoció más adelante que, pese a los diversos programas impulsados por el gobierno en el estado de Chihuahua para combatir al crimen organizado, “los niveles de violencia siguen siendo sumamente altos en la entidad, y la tranquilidad de la población exige de la presencia continuada de la autoridad federal, así como de la corresponsabilidad plena de las autoridades locales en la materia”.

La Jornada

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